Jueves, 22 de Abril de 2010 19:12 Equipo desde abajo Bicentenario
Corría el último año de la primera década del siglo XIX. A la vez, dos años antes, en junio 4, el corso francés Napoleón Bonaparte, que en 1799, con ayuda de los militares, había disuelto el Directorio que provino de la Revolución Francesa, proclamó rey de España a su hermano José, y obligó a Carlos IV y su hijo Fernando VII a abdicar y entregar la corona de los Borbones en España. Este hecho no se quedó allá: repercutió en Nuestra América. Las colonias españolas se conmueven.
1810. Las voces de inconformidad suben de tono, se amplían por virreinatos y capitanías como prolongación de las que un año antes, en los territorios que hoy conocemos como Bolivia y Ecuador –tras la revolución negra en Haití–, se convertían en los primeros del ciclo regional de levantamientos en procura y resguardo del rey Fernando VII, a través de las Juntas Supremas de Gobierno. Hay protestas, altercados, rencillas.
Las plazas principales de numerosas ciudades se llenan de comerciantes, abogados y terratenientes inconformes, pero también de pueblo. Ahora, el turno le corresponde a la Nueva Granada, donde varias de sus 20 provincias conocen expresiones del descontento criollo y popular. Así lo denota la instalación de Juntas de Gobierno.
Con el séptimo mes del año se abren las protestas: en Cali el día 3, en Pamplona el 4, en Socorro el 9, en Santafé el 20, y en Cartagena, aunque las manifestaciones de inconformidad se presentaron desde mayo, la Junta sólo llegará a instalarse el 17 de agosto.
En Santafé, el levantamiento popular acaeció el 20 de julio. Pero la ruptura total con la Corona –para llevarse a cabo– tomará otros muchos meses, en medio de una aguda confrontación entre la oligarquía y los sectores populares. Era la expresión de una contradicción nunca resuelta en nuestro país, inclusive hasta nuestros días: ricos vs. pobres; interés individual vs. beneficio colectivo.
Pero, ¿por qué y cómo se crean las condiciones para estos levantamientos y para la pugna entre la tradición y el cambio, entre los sectores dominantes y los siempre excluidos?
1810. Las voces de inconformidad suben de tono, se amplían por virreinatos y capitanías como prolongación de las que un año antes, en los territorios que hoy conocemos como Bolivia y Ecuador –tras la revolución negra en Haití–, se convertían en los primeros del ciclo regional de levantamientos en procura y resguardo del rey Fernando VII, a través de las Juntas Supremas de Gobierno. Hay protestas, altercados, rencillas.
Las plazas principales de numerosas ciudades se llenan de comerciantes, abogados y terratenientes inconformes, pero también de pueblo. Ahora, el turno le corresponde a la Nueva Granada, donde varias de sus 20 provincias conocen expresiones del descontento criollo y popular. Así lo denota la instalación de Juntas de Gobierno.
Con el séptimo mes del año se abren las protestas: en Cali el día 3, en Pamplona el 4, en Socorro el 9, en Santafé el 20, y en Cartagena, aunque las manifestaciones de inconformidad se presentaron desde mayo, la Junta sólo llegará a instalarse el 17 de agosto.
En Santafé, el levantamiento popular acaeció el 20 de julio. Pero la ruptura total con la Corona –para llevarse a cabo– tomará otros muchos meses, en medio de una aguda confrontación entre la oligarquía y los sectores populares. Era la expresión de una contradicción nunca resuelta en nuestro país, inclusive hasta nuestros días: ricos vs. pobres; interés individual vs. beneficio colectivo.
Pero, ¿por qué y cómo se crean las condiciones para estos levantamientos y para la pugna entre la tradición y el cambio, entre los sectores dominantes y los siempre excluidos?
Se ahonda la crisis del Imperio español
Dominado por sus tradiciones, la burocracia, la corrupción y la vida parasitaria, o por cuenta de sus colonias, el Imperio español se percató tarde de los cambios técnicos, científicos, productivos, económicos, ideológicos y políticos acumulados en Inglaterra y Francia. Es un descuido que le llevaría a perder sus dominios. Para comienzos del siglo XIX, la incapacidad de la Corona se vería potenciada por la mediocre gestión del rey Carlos IV, quien delegaba en sus asesores (en especial Manuel Godoy) la administración, sobre todo económica, del reino, con descuido además de su familia, hasta el punto de propiciar un profundo desprecio en su hijo, el futuro rey Fernando VII. Los efectos de ese adormilamiento se sentían desde el siglo XVIII en las colonias.
No poder comerciar libremente, por fuera de las redes que controlaba el Imperio, era motivo de inconformidad. Además de la exclusión del poder político, la inmensa carga tributaria que apabullaba a la población en general hacía sentir el descontento de los criollos americanos, a través de motines, insurrecciones, levantamientos populares (1).
La incapacidad de la Metrópoli para satisfacer las expectativas económicas de sus colonias (precios, mercados, capacidad de compra y de venta) abrió una brecha entre las dos latitudes y estimuló deseos separatistas, neutralizados sólo por el control político e ideológico impuesto durante tres siglos de dominio, con expresiones de autoridad y/o fidelidad. Pero la fidelidad tiene límites.
Todo ello estaba marcado en los efectos de la Revolución Francesa, cuyos ecos atravesaron los mares y sembraron esperanzas e ilusiones, lo cual conmovía la Corona española, sometida no sólo a sus ecos liberadores sino también a las tensiones derivadas de la guerra entre los dos colosos que ya la desplazaban: Inglaterra y, por supuesto, Francia.
Empecinados en aislar en su soledad y su condición de isla a Inglaterra, Napoleón y Francia avanzan y someten todo el entorno europeo para impedir que el Imperio inglés encuentre comercio y aire para sobrevivir y enfrentar a su contraparte. Esta circunstancia de la geopolítica de la época es lo que acelera aún más la crisis del Imperio español, ahora en ‘cuidados intensivos’. Pero, además, la mediocridad de su dirigencia pone a dudar a Napoleón sobre la capacidad que tendría esta monarquía para evitar que los ingleses la derrotaran y penetraran en el continente. Opta entonces por destituirla e imponer en su lugar a su hermano José. El suceso es bochornoso: Carlos IV abdica a favor de su hijo (Fernando VII), pero éste –según acuerdo con Napoleón, tras acercarse a Bayona–, sin vergüenza ni honor, deja el espacio libre a los invasores franceses.
Con España sometida, la monarquía dominada por rencillas internas que hacían imposible la conducción de “su pueblo” en resistencia, y éste mismo alzado en armas contra el Emperador invasor, la inconformidad criolla en territorio americano tuvo oportunidad para pasar a los hechos. Y vendrán los sucesos de distancia total con la Corona.
¡Viva Fernando VII, abajo los franceses! Napoleón es consciente de estas tensiones, y el 15 de mayo de 1808 le dirige una carta a cada uno de los Virreyes y Capitanes Generales de los territorios de ultramar. Ofrece garantizar sus derechos. Los días corren y el nacionalismo toma asiento. Aunque la monarquía española es indigna, no lo es “su pueblo”. Es así como la reacción llegó por donde menos preveía Napoleón. El 23 de mayo de 1808, al grito de “Viva Fernando VII, abajo los franceses”, el pueblo español se insurrecciona. Los ingleses la alimentarán, la protegerán y la surtirán de armas.
El 6 de junio, y en avance con su plan de sometimiento, Napoleón reúne a nobles y burgueses ibéricos, y ante su mirada promulga el decreto imperial para otorgarle oficialmente la Corona a su hermano José. Le ofrecía a España una Constitución de rasgos liberales, cuyo título X contenía que “los reyes y provincias españolas de América y Asia tendrán los mismos derechos que las provincias españolas”. Satisfacía de esta manera el viejo y anhelado sueño criollo: ser tratados como iguales.
Francisco Antonio Zea. No extraña que dos días después, “eminentes personalidades de los dominios firmaran en la capital española el acta famosa en la que ofrecían su adhesión y acatamiento al rey José”. De parte de los granadinos, Francisco Antonio Zea y el Conde de Casa Valencia firman.
“Memorial de Agravios” y pueblos de Europa resisten contra Napoleón
Mientras Napoleón aprieta, en Madrid, como instrumento de gobierno y coordinación de la resistencia, el 25 de agosto de 1808 se instala la Junta Central (Junta Patriótica) con la cual la nobleza y la burguesía españolas se adelantaban (neutralizaban) a la posible transformación de la resistencia del pueblo español contra el ejército francés, en revolución social. Los delegados que la integran se definen por el número de habitantes de cada provincia, y este criterio se extiende como referencia para todas las demás, incluidas las americanas.
Para el caso de la Junta Central, y con la necesidad y el reto que tiene cara dura (controlar sus colonias e integrarlas a la resistencia contra Francia), los sometidos dejan de serlo. Se les incluye con sus delegados. En primera instancia, sin respetar la cantidad de habitantes de cada virreinato y capitanía.
Nuestros puertos, abiertos a los ingleses. En consonancia con el reto propuesto por los invasores franceses (Título X de la Constitución impuesta), la Junta Central española reconoció a las colonias iguales derechos. Al hacerlo, precisó que los dominios (de ultramar) no eran “propiamente colonias o factorías como las de otras naciones, sino una parte esencial e integrante de la monarquía española”. De manera indirecta, llegarían más concesiones. Obligados por la necesidad de enfrentar al ejército francés, acordaron una alianza con Inglaterra para enfrentar a Napoleón. Por tanto, abrieron los puertos de América a los barcos ingleses. Así, los criollos obtuvieron el tan anhelado comercio con los ingleses. Con los negocios económicos vendrán multiplicados los contactos políticos, las intrigas, los préstamos, afincándose poco a poco el poder inglés en estas tierras, en una relación de dominio que se extenderá hasta la entrada del siglo XX.
Sólo nueve diputados. Así, como coletazo español, se abrían puertas, se concedían beneficios, nacían nuevas instancias de poder, aunque en algunas ocasiones más como propaganda que como realidad. Fue el caso de la supuesta igualdad concedida por la Junta Central a los criollos: al nombrar sus delegados para constituir el gobierno provisional de la Metrópoli, sólo fueron reconocidos nueve diputados, mientras por las provincias de España participaban 36 (a pesar de tener una población numéricamente igual a la española).
Era una ‘injusticia’ que alimentaría debates, tanto en Madrid como en los cabildos y Juntas constituidas en cada Virreinato y Capitanía. El documento que resume las aspiraciones criollas es el Memorial de agravios, que no fue aceptado por el cabildo de Santafé y terminó archivado. Sólo años después saldría a la luz pública. Quejas muy parecidas, respecto a la metrópoli, presentaría Francisco Antonio Zea en la Junta Central: “[los españoles americanos vivimos] olvidados de su gobierno, excluidos de los altos empleos de la monarquía, privados injustamente de la ciencia y de la ilustración”.
Mientras esto sucedía, el ejército francés penetró más hondo en territorio español. Venció en las batallas de Ocaña, Alba de Torrens y Tamaniz. El agobio ahora para los criollos cambió: ¿aceptarían el dominio francés en América? Una angustia mayor para los grandes propietarios y esclavistas, sabedores de que la Revolución Francesa había abolido la esclavitud, definiendo como laico al Estado y teniendo como piso la igualdad.
El virrey Amar y Borbón se acomoda. Mientras unos dudaban, la monarquía y la burocracia –por sus intereses y beneficios inmediatos– optaron por Francia. Así expresó el virrey del Nuevo Reino de Granada, don Antonio Amar y Borbón: “América seguirá la suerte de la metrópoli y se sujetará a la dominación de cualquiera que reinase en España”. Pero una cosa pensaba quien defendía sus intereses inmediatos y otra quienes –si se cumplía el mandato de la Revolución Francesa– perderían todo su acumulado con la Colonia. Es así que los criollos, burlando la autoridad de los virreyes, se ponen en defensa de Fernando VII y sus intereses dinásticos: como primera declaración, cada una de las Juntas Supremas de Gobierno afirma su fidelidad al Príncipe heredero, sometido sin vergüenza ante el brazo de Bonaparte. Se destacan por su ausencia las exigencias de independencia y soberanía.
El virrey Amar y Borbón se acomoda. Mientras unos dudaban, la monarquía y la burocracia –por sus intereses y beneficios inmediatos– optaron por Francia. Así expresó el virrey del Nuevo Reino de Granada, don Antonio Amar y Borbón: “América seguirá la suerte de la metrópoli y se sujetará a la dominación de cualquiera que reinase en España”. Pero una cosa pensaba quien defendía sus intereses inmediatos y otra quienes –si se cumplía el mandato de la Revolución Francesa– perderían todo su acumulado con la Colonia. Es así que los criollos, burlando la autoridad de los virreyes, se ponen en defensa de Fernando VII y sus intereses dinásticos: como primera declaración, cada una de las Juntas Supremas de Gobierno afirma su fidelidad al Príncipe heredero, sometido sin vergüenza ante el brazo de Bonaparte. Se destacan por su ausencia las exigencias de independencia y soberanía.
