voz del pueblo no calla
Consciente de que aún puede presionar para que el Virrey deje su puesto y sellar la Independencia, al día siguiente, 21 de julio, cuando se posesionará la Junta de Gobierno, el pueblo vuelve a la carga y exige prisión para el señor Amar, los oidores Hernández de Alba y Frías, y el regidor Mancilla.
La presión es intensa. Todo indica que al pueblo de Santafé no se le ocultó que la deseada emancipación de la metrópoli perdería sus efectos liberadores si se traducía sólo en el simple acaparamiento del gobierno por la poderosa oligarquía criolla, que buscaba desmantelar el Estado colonial, y convertirlo en un instrumento dúctil para someter más a los desposeídos y los humildes. Por tal motivo, el pueblo avanza sobre el Cabildo.
Las gente asalta luego la casa de los Oidores y vuelve sobre la plaza, en demanda de que estos funcionarios pasen a la cárcel, exhibidos con grilletes. Y así sucede. El ambiente es tenso, y los acuerdos del día anterior dan muestra de resquebrajamiento. Horas más tarde, previendo los hechos, Carbonell se dispone a organizar un Estado Mayor Revolucionario para “competir con los nutridos cuadros dirigentes del estamento criollo y mantener el entusiasmo libertario de las multitudes” (12). Convoca a los jefes de los barrios, a los conductores de los artesanos y asimismo a los estudiantes de avanzada, a quienes reúne en un viejo local de San Victorino, donde instalan una Junta Popular. Los principales líderes serán el escribano García –el patriota–, el doctor Francisco Javier Gómez –alias Panela–, don José María Carbonell y el doctor Ignacio de Herrera.
La Junta es similar en funcionamiento e intención a la Sociedad Patriótica de Caracas, donde diría Juan Vicente Gómez: “¿La anarquía? Esa es la libertad cuando, para huir de la tiranía, desata el cinto y desanuda la cabellera ondosa. ¿La anarquía? Cuando los dioses de los débiles, la desconfianza y el pavor la maldicen, yo caigo de rodillas en su presencia. Señores: que la anarquía con la antorcha de las furias en la mano, nos guíe al Congreso para que su humo embriague a los facciosos del Orden y la sigan por las calles y plazas gritando ¡libertad!”.
Y en su seno, dijo el joven Bolívar: “Se discute en el Congreso lo que debiera estar decidido. ¿Y qué dicen? Que debemos comenzar con una confederación. ¡Como si todos no estuviéramos confederados contra la tiranía extranjera! ¿Qué nos importa que España venda a Bonaparte sus esclavos o que los conserve, si estamos resueltos a ser libres? Estas dudas son tristes efectos de las antiguas cadenas. Que los grandes proyectos deben prepararse con calma. ¿Trescientos años de calma no bastan? ¿Se quieren otros trescientos todavía?”.
Julio 22: Día de transición. La Junta de Gobierno exhibe la imagen de Fernando VII, le rinde honores, organiza una milicia de 600 integrantes, a cargo del más respetable y representativo de los hacendados de la sabana, don Pantaleón Gutiérrez. La disputa está abierta, y la Junta Popular decide mantener al pueblo en manifestación permanente hasta conseguir la prisión del Virrey y la declaración de independencia.
Con rapidez, las nuevas milicias organizadas de improviso se despliegan por la ciudad, dando la apariencia de coparla. Entre tanto, los sectores populares prosiguen su organización. El 24 de julio, las visitas a los barrios advierten la traición de los notables. La inconformidad prosigue. Insisten en la necesidad de prisión para Amar y la Virreina.
El 26 de julio. A pesar de estar la ciudad bajo control de las milicias, el pueblo copa la plaza principal, demandando la revisión de las armas que se creían cargadas, y exigen cárcel para el Virrey y la Virreina, a quienes acusan de preparar un ataque. La exigencia es mayúscula y se transforma en la primera prueba para la Junta oligárquica, que enfrenta un arduo dilema: atacar a quienes protestan o ceder ante sus demandas.
La fuerza popular es incontrolable y la Junta opta por aceptar parcialmente las demandas: revisa el parque en demostración de que las armas no están cargadas, y traslada al Virrey y su esposa al edificio del Tribunal de Cuentas como certeza de que no preparan ataques contra el pueblo.
Los sucesos dan para una revisión extraordinaria de la Junta de Gobierno. “Lo que ayer llamaron revolución, lo calificaron ahora de motín subversivo […] quienes en la noche del 20 de julio impusieron una Junta prefabricada, ahora acusaban a Carbonell de tomarse, sin derecho, la personería del pueblo”.
A renglón seguido y tratando de atomizar la protesta y la representación social, la Junta proclama un bando para que en cada barrio alguien canalice la protesta o las exigencias de la gente, sin ningún efecto práctico.
La Independencia, un “pleito chico”. De esta manera, “el estamento criollo, que con deliberación provocó el altercado entre Morales y Llorente para desatar una conmoción que obligara al Virrey a concederle parte de su poder, declaraba ahora, por boca de sus procuradores, que el pueblo no podía pedir en las calles y en la plaza la declaratoria de Independencia y la destitución de las autoridades coloniales, sino que estas magnas cuestiones de la nacionalidad debían tratarse como un chico pleito por medio de memoriales ante un párroco o un funcionario de confianza de la Junta”.
En estas sesiones se aprobó una revisión de los archivos de la Real Audiencia en los que se encontró que hacia Santafé se dirigía “un nuevo Virrey, don Francisco Javier Vanegas, en reemplazo del señor Amar” Este hallazgo abrió nuevos interrogantes a la Junta de Gobierno: ¿Cómo recibir al nuevo delegado del Rey? ¿como Virrey o presidente de la Junta constituida el 20 de julio?
Los interrogantes eran fáciles de aclarar antes de las luchas que terminaron con la detención del señor Amar, pero, tras estas, ¿aceptarían los habitantes de Santafé un nuevo Virrey? Además, el Consejo de Regencia, también en camino de Cartagena a Santafé, ¿debía ser reconocido? La discusión no permitió llegar a un consenso.
A pesar del calibre de los dilemas, nunca se llegó al tema de la independencia, que de verdad era fundamental. Los miembros del Consejo de Gobierno evadían el cuerpo, conscientes de la conveniencia de no comprometerse con decisiones que no tomaran en cuenta el resultado de la crisis en la metrópoli. Así se mantiene la fidelidad a Fernando VII.
Para agosto, la tensión entre el pueblo y los comisionados criollos había crecido. El club revolucionario no estaba quieto; en cada barrio popular constituía juntas dependientes de la Junta de San Victorino, encargadas de mantener la rebeldía y motivar a las gentes de ir al centro de la ciudad en caso de necesidad.
El 11 de agosto. Esa mañana, el pueblo exigió que el Virrey y la Virreina fueran conducidos a la cárcel, pero la Junta dilató la respuesta. Para el 13, la presión era insostenible. La Junta se vio obligada a aceptar. El Virrey y la Virreina pasaron a la cárcel común, en medio del tumulto popular. “Hasta este momento, la oligarquía criolla había disimulado el espíritu de casta que informaba al gobierno constituido el 20 de julio, pero los acontecimientos del 13 de agosto se encargaron de desprestigiar las actitudes contemporizadoras de la ‘nobleza criolla’”.
14 de agosto. La nobleza contraataca con una concentración en la Plaza Mayor y exige la libertad de los virreyes, que es concedida. Sin ocultar sus verdaderos intereses, el vicepresidente Pey hace un gran elogio del Virrey y la Virreina Al día siguiente, con la protección de los patricios locales, y de manera subrepticia –mientras Carbonell y sus compañeros organizan una nueva marcha en demanda de regresarlos a la cárcel–, Amar y Borbón, y su esposa, con sigilo, salen de la ciudad con rumbo a Madrid.
El Virrey se escapa. Sin el Virrey en la ciudad, la Junta de Gobierno siente libertad para retomar la iniciativa. Ese mismo 15 allana la sede del club revolucionario en San Victorino y toma prisioneros a José María Carbonell, al escribano don Manuel García y don Joaquín Eduardo Portón, “por haber hablado con imperio y haber sido causa que pusieran al Virrey en la cárcel y a la Virreina en El Divorcio” (el convento que servía de cárcel para mujeres).
Antonio Nariño, pos cárcel. La siguiente persona que sintió el efecto de la oligarquía al frente de los destinos de Santafé fue Antonio Nariño. Tras varios meses de prisión en las cárceles de la Inquisición en Cartagena, no encontraba apoyo para regresar a su ciudad. Se evidenciaba así el temor de las oligarquías con él, que hicieron todo lo posible para dilatar su regreso, que por fin pudo concretar en diciembre.
También los indios. Los terceros en padecer a los mezquinos, ahora con todo el poder, fueron los indígenas. El 24 de septiembre de 1810 se decretó la abolición de sus resguardos. Una medida explica por qué “los indios miraran con profunda desconfianza las actividades de un gobierno que se inauguraba como actor de tan franca hostilidad contra ellos”. Esta determinación usurpadora le permite al recién constituido Partido español afianzarse en las provincias donde era mayor la diversidad de la población aborigen, consecuencia funesta a la hora de la guerra libertadora, en especial, para el momento de la reconquista española del general Morillo, cuando no hay apoyo social para la revolución y sí para el Rey.
A la par, se suprime la Ley de Indias, que instituía una jornada de trabajo de 8 horas, descanso dominical remunerado y salario mínimo. Hubo que esperar más de un siglo para recuperar tales derechos, ahora para toda la población. El elitismo y el miedo al pueblo tenían aspectos más profundos.
26 de diciembre. De la mano de Camilo Torres, y como prolongación de la Colonia, en que los puestos del Cabildo se compraban, se decretó el voto sólo para los pudientes; para quienes demostraran poseer propiedades. En contravía, Nariño, recién llegado a la ciudad, defendía el voto universal, posible de ejercer por “todo ciudadano en el ejercicio de sus funciones […] y todo el que vota debe tener opción a ser elegido”. Como cierre de toda esta andanada conservadora, se pone en práctica la censura de prensa. Apresan a uno de los tres tipógrafos que había en la ciudad, y recogen las hojas que cuestionaban la forma como se gobernaba. Sin duda, el temor de los oligarcas no tiene límite.
Carbonell, libre por pocos días. La lucha contra esta realidad de opresión con la cual se encuentra José María Carbonell, una vez liberado junto a sus compañeros, el 8 de diciembre de 1810, “por no existir cargos contra él”, estimula de nuevo su acción revolucionaria. Ahora, con el apoyo de Antonio Nariño. La evidencia de que la Junta de Gobierno no sabía cómo administrar aquella sociedad, y que protegía a cualquier precio sus intereses, se encontró un mes más tarde, el 17 de enero de 1811. De nuevo, Carbonell es apresado.
Ya no queda duda de que la sociedad está dividida en dos bandos diferenciados: los que pretenden la independencia, y quienes añoran la metrópoli, los mismos que, como Camilo Torres y Tomás Tenorio, intrigan e insisten en recibir a don Francisco Javier Venegas, el nuevo Virrey enviado desde España. Las diferencias entre unos y otros se precisarán mucho más en el Primer Congreso del Reino, instalado en Santafé el 22 de diciembre de 1810. Poco a poco, la disputa entre federalistas y centralistas iba tomando cuerpo.
En su marcha, el federalismo impulsado por Camilo Torres evidencia sus contradicciones. No acepta la participación de los delegados de regiones como Sogamoso, que no era provincia pero que ahora se separa de su centro rector, Tunja en este caso. Al mismo tiempo, la independencia, que era el tema crucial del momento, no encuentra eco. Las sesiones del Congreso se levantan tres meses después, una vez que el delegado de Pamplona –Camilo Torres– se retira de las deliberaciones.
Un mes después, la Junta de Santafé cita a un nuevo Congreso del Reino, en el cual se dispone sustituir esta instancia de carácter provisional por un gobierno permanente y definitivo. “Citan, al mismo tiempo, al llamado Colegio Constituyente de Cundinamarca, cuya tarea sería darle una Constitución Política a la provincia capital y elegir sus autoridades”.
En sus sesiones –6 de marzo-2 de abril de 1811– se redactó la Constitución para el Reino de Cundinamarca, conservando el poder de Fernando VII. Este Colegio Constituyente encargó del poder ejecutivo, como Vicerregente de Fernando VII –para no decir Virrey, a Jorge Tadeo Lozano, a quien el pueblo ridiculizó como “Su majestad Jorge I”. Tomaba cuerpo así la Colonia interior, en la cual correspondía a la oligarquía asentada en Santafé desempeñar las funciones de Metrópoli.
Partido Popular. Contra este engaño se movilizaron Nariño, Carbonell y los miembros de la Junta Popular que salvaron el 20 de julio, ahora organizados como Partido Popular. El 17 de septiembre de 1811, tras ardua preparación, los habitantes de las barriadas, los trabajadores de los talleres, volvieron a la calle. La respuesta oligárquica fue idéntica: exigirle a Jorge Tadeo Lozano la detención de los líderes populares, declarar la suspensión de las garantías constitucionales y asumir la dictadura.
La propuesta, desproporcionada a todas luces, propicia la renuncia del Presidente.
19 de septiembre. Con estos sucesos en marcha, el 19 de septiembre el pueblo se vuelca a la calle, y no regresará a sus casas hasta conseguir su propósito: exigir la renuncia de Tadeo Lozano y el nombramiento de Antonio Nariño como nuevo Presidente.
Los tres poderes públicos son citados de manera extraordinaria, aceptando la renuncia de Jorge Tadeo Lozano y de su Vicepresidente, José María Domínguez. Al final, la presión popular se impondría y la Presidencia es encomendaría a Nariño. Su única exigencia para asumir: que le permitieran derogar la Constitución heredada.
Cartagena da el paso. Mientras estas tensiones prosiguen en Santafé, en Cartagena también se ahondan las disputas entre la Junta Suprema allí constituida y los Gutiérrez de Piñeres, la misma que termina con la declaración de independencia del 11 de noviembre de 1811, la primera que conoció el país: “Nosotros, los representantes del buen pueblo de Cartagena de Indias, con su expreso y público consentimiento, poniendo por testigo al Ser Supremo de la rectitud de nuestra causa, declaramos solemnemente, a la faz de todo el mundo, que la Provincia de Cartagena de Indias es desde hoy, de hecho y por derecho, Estado libre y absolutamente independiente, puede hacer todo lo que hacen las naciones libres e independientes”.
“Este documento y las Actas firmadas anteriormente en Mompóx fueron las primeras e inequívocas Declaraciones de Independencia absoluta pronunciadas en la Nueva Granada, y tales Declaraciones, que excluían definitivamente el reconocimiento de Fernando VII y de la Regencia española, se debieron, tanto en el caso de Mompóx como en el de Cartagena, a los hermanos Celedonio, Germán y Gabriel Gutiérrez de Piñeres”, pioneros de nuestra Independencia, y a los cuales debemos el reconocimiento negado por las clases dominantes, quienes han escrito y acomodado la historia a sus intereses.
Centralistas y Federalistas
Estos fueron los orígenes y las características iniciales de la disputa entre Centralistas y Federalistas, período conocido en nuestra historia como la “Patria Boba”, designación con la cual los historiadores oficiales quisieron mostrar una irreal armonía social, y ocultar al mismo tiempo el verdadero trasfondo de un conflicto que enfrentó a comerciantes y terratenientes, y al pueblo y la oligarquía. Un conflicto aún no resuelto en nuestra sociedad: una verdadera unidad nacional, sólo posible de construir sobre firmes bases de justicia, soberanía y libertad.
